Medidas ambientales de la Junta de Andalucia
La junta de andalucia ha presentado a mediados de noviembre unos planes de mejora de la calidad ambiental donde exponen las medidas ambientales para aplicar en el corto plazo. Tienen como objetivo prevenir y eliminar la contaminación de entornos afectados, tomando las medidas necesarias, coordinadamente entre las Administraciones competentes y los agentes económicos implicados
Se trata de proteger el medio ambiente contra los efectos adversos de las actividades humanas y mantener niveles admisibles de calidad ambiental. Estas medidas ambientales son necesarias para mantener las condiciones de salubridad, conservar el ecosistema estuarino y, recuperar zonas afectadas negativamente.
En los espacios de Huelva y su Entorno y del Campo de Gibraltar, son prioritarios. Esto es porque existen aspectos ambientales que se deben mejorar bien porque quedaron fuera del ámbito de los Planes Correctores o bien porque la calidad ambiental demandada por la sociedad es cada vez más elevada.
Las medidas ambientales más empleadas en España
Una vez medido el impacto medioambiental las empresas sostenibles buscan mejorar sus procesos para reducir su grado de contaminación. Las medidas ambientales más empleadas son:
- reducir el consumo de energía
- instalar sistemas de energía limpia y renovable
- hacer un uso consciente del agua
- reducir los residuos
- optimizar el transporte
- utilizar proveedores cercanos
- enviar tus productos con empresas sostenibles
- reducir el uso de materias primas vírgenes
- dar una nueva oportunidad a tus residuos
- sensibilizar a los empleados y clientes
- aplicar criterios de economia circular
Las últimas medidas ambientales propuestas en Europa
Las últimas medidas ambientales europeas fueron aprobadas en verano. Hay dos propuestas fundamentales. La primera está elaborada para regular el uso de plaguicidas y químicos a la mitad de aquí a 2030 y la segunda está dirigida para restaurar los ecosistemas de naturaleza marina y terrestre.
La ley de restauración pretende ayudar a que los objetivos de restauración sean vinculantes para todos los Estados Miembros, y estarán obligados a restaurar al menos el 20% de la naturaleza para 2030. Mientras que la revisión de la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas intenta una reducción drastica en el empleo de fertilizantes químicos en el campo. El objetivo es reducir en un 50% el uso de plaguicidas.
La normativa para la restauración de ecosistemas
Desde el parlamento europeo, afirman que estamos ante la norma más importante sobre biodiversidad desde 1992 con la Directiva de Hábitats. Se intentará convertir en un catalizador para remediar la pérdida de biodiversidad y mitigar el cambio climático. Se considera que la restauración de la naturaleza en el paisaje agrario debería definirse y orientarse más claramente.
El borrador presentado supone ya un hito en términos de objetivos vinculantes para los Estados y el reconocimiento de la necesidad de revertir la degradación del medio natural urgentemente. Hay consenso general en que las acciones de restauración de estos ecosistemas no se retrasen más allá de 2030.
La reducción de productos químicos en agricultura
Por otro lado, respecto a la propuesta de la Comisión para actualizar la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas, aprobada en 2009, celebran que plantee hacer vinculante el objetivo de disminuir un 50% el uso y riesgo de estos productos, de acuerdo a lo ya recogido en la Estrategia de la Granja a la Mesa e introduce peticiones históricas, como la de prohibir su uso general en zonas sensibles, como aquellas de importancia para la biodiversidad y las áreas verdes urbanas.
Sin embargo, piden más ambición para que la reducción de químicos sea «prácticamente total» en 2050 y que políticas como la PAC acompañen esta norma con las herramientas y medidas adecuadas para la transición agroecológica, impulsando decididamente la producción ecológica.
El reglamento propuesto también necesita mejoras en el actual sistema de monitoreo, que infravalora el impacto real de los agroquímicos y posibilita, como en el caso de España, que se constate una reducción del riesgo a pesar de que aumente el consumo de agrotóxicos.
